Planes de ordenación

En 1970 Cristóbal Martínez Bordiú, yerno de Franco, por medio de la sociedad Instituto Costa del Sol, presentaba el proyecto para la construcción de la clínica hotel Incosol. El solar donde se iba a levantar el edificio invadía el trazado de la autopista que el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1968, había previsto. A la irregularidad calificada, por la Oficina Técnica Municipal, como “posible interferencia que no debe obstaculizar su realización” se sumaba el hecho de que ya se había colocado la primera piedra. El incumplimiento del límite establecido para la altura de las construcciones propició la solicitud del Ayuntamiento al Ministerio de la Vivienda para suprimir la norma porque la singularidad de la edificación confrontaba con la rigidez de la normativa. El Hotel fue inaugurado en 1973 con la presencia del General, a la autopista se le cambió el trazado y la normativa sobre alturas modificada.

La historia de los planes de ordenación ha ido en paralelo a sus incumplimientos. Una tensa confrontación entre legislación e intereses, entre ordenación y desordenación, que en la mayoría de los casos se ha inclinado a favor del infractor. Hechos consumados que se yerguen en grandes bloques de hormigón o en increíbles zonas verdes de paisajes fracturados. Una metáfora del poder de la especulación y la corrupción contra ese imperio de la ley que deja de ser imperio y ley desde el momento en que la eficacia de su aplicación no supera la barrera de la declaración de intenciones y queda en grandilocuentes manifestaciones de políticos ufanos que auguran triunfantes y ordenados futuros. En estos cincuenta años de desarrollismo brutal, que algunos aún hoy califican de moderado, otros pretenden que ahora sea sostenible, hemos pasado de diez mil habitantes a ciento veinte mil, de dos mil viviendas a doscientas mil.

La urbanización masiva de la franja litoral, debido a la insuficiente firmeza de los planes de ordenación, tuvo como consecuencia importantes desequilibrios y problemas a los que todos los interesados buscaban culpables. En 1969, los redactores del Plan de Promoción Turística de la Costa del Sol alertaban de nefastas consecuencias, resumidas en anarquía urbanística, proliferación de urbanizaciones piratas, exceso de planeamientos e inercia administrativa. Las culpas eran repartidas entre particulares, promotores y administración: “Desde el punto de vista de los particulares, la fiebre de la especulación se convirtió en una competición apresurada donde no se tenían en cuenta ni normas ni principios legales, urbanísticos, ni coyunturales; y desde el ángulo de la administración se produjo un desbordamiento de la situación sólo paliado por el incremento de ingresos producidos por edificaciones y a causa del consiguiente incremento de la habitabilidad y del nivel de vida. El tono pesimista era compartido por los Promotores de la Costa del Sol que auguraban que “la ocupación del espacio del litoral se desarrollará sin ninguna ordenación, a un ritmo rápido, sin reservar superficies para los equipamientos colectivos y los aparcamientos necesarios… La Costa se convertirá en un muro de hormigón”.

De hecho, en 1966, el redactor del Plan Parcial de Ordenación de la ciudad, Vicente Sánchez de León Pacheco, mostraba su resignación: “Puede que en el fondo, la realidad aunque algo triste se imponga y aunque casi todos estamos de acuerdo en que Marbella era mucho más agradable antes de la avalancha turística, la construcción tan exagerada por un lado, el valor del terreno y la gran demanda por otro, han hecho lo que Marbella es en la actualidad. La verdad es que todavía conserva algo de su carácter”.

El primer Plan General de Ordenación de la ciudad aprobado en 1968 pronosticaba un espléndido porvenir: “En un territorio de más de once mil hectáreas, con 28 kilómetros de playa, no es posible imaginar pueda ser urbanizado en su totalidad porque en tal caso desaparecería el paisaje que es el fundamento de la Costa del Sol”. Sin embargo el cálculo de la capacidad de población, 320.000 habitantes, y el método de estimación basado en la superficie de la playa, cinco metros cuadrados por bañista, no resultaban alentadores. La propuesta proponía la creación de tres ciudades turísticas: Marbella, Elviria y Andalucía la Nueva. Primaba la creación de unidades autosuficientes por medio de planes parciales, pero también venía a legalizar docenas de urbanizaciones clandestinas construidas al amparo de la confusión legal.

Fueron abusos, silenciados por el franquismo, escasamente conocidos, algunos enterrados para siempre junto al silencio de sus actores. Nunca podremos calibrar la envergadura de estas anomalías urbanísticas, mas sí confirmar su existencia, como sucedió con la aprobación del Plan para el Parque de Turismo de Nueva Andalucía que había sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia un día antes de su conformidad municipal en pleno y que pese a las protestas de los muchos afectados sobre las muchas irregularidades ninguna alegación fue tenida en cuenta. El proyecto, que afectaba quince millones de metros cuadrados, fue aceptado en un mes sin apenas objeciones municipales.

La escasa efectividad del planeamiento trajo como consecuencia algún ejemplo paradójico en el que la fuerza del sentido común se imponía a la legislación. El Ayuntamiento de Marbella había concedido licencia para la construcción de ocho torres de dieciocho plantas en la urbanización Marbella del Este. Cuando se iniciaba la construcción de la segunda la promotora solicitaba la anulación del proyecto: “Que a primeros de septiembre de 1972 fuimos requeridos verbalmente por el Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo, Sr. Sánchez Bella, para que reconsideráramos nuevamente todos nuestros planes constructivos en el sentido de, principalmente, reducir alturas de nuestras proyectadas y aprobadas torres, a fin de defender el paisaje de la zona y dar a Marbella un tono y aspecto distintos a los usuales hasta ese momento en otras zonas turísticas. Que tras una larga y movida entrevista de sus directivos y técnicos con el Excmo. Sr. Ministro en Madrid, nos vimos obligados a desistir de la construcción de las torres y a dar un nuevo sentido a nuestra urbanización”.

En similares circunstancias se hallaba el proyecto del Puerto de Cabopino, su arquitecto Rafael Arévalo Camacho, resumía así la reforma del original: “El proyecto primitivo, ajustado a cuantos condicionantes urbanísticos imponían las ordenanzas recogía una ordenación muy densa con alturas excesivas que llegaba a agobiar la misma promoción e incluso a deteriorar el paisaje, todo fruto del deseo de los promotores – lógico aunque desafortunado en el presente caso - de agotar la máxima edificabilidad autorizada. La persistencia con que este punto de vista fue expuesto por el arquitecto, incluso durante la redacción del proyecto, el apoyo que este sentir encontró en el propio Delegado Provincial de la Vivienda… llevaron al convencimiento de los promotores de redactar un proyecto más ágil e identificado con el paisaje aún a costa de una reducción del volumen construido”.

Con la democracia, el flamante plan general de 1986, pleno de derechos, seguridad jurídica e intenciones sociales, topó a las primeras de cambio con la amenaza de la urbanización del Pinar de Nagüeles. Ni el “Hala, hala, hala, Nagüeles no se tala”, ni los estudios de expropiación, ni la desesperada intención de convocar referéndum para decidir su futuro, sirvieron para impedirlo. Subterfugios legales, silencios administrativos, contenciosos y demás jugadas, todo un compendio de derechos y seguridades jurídicas inclinaron de nuevo la balanza a favor del promotor.

Estas anécdotas, entonces graves irregularidades urbanísticas y hoy hechos consumados, que hubieran desbordado a cualquier fiscal, pretenden ilustrar la génesis de un problema, mostrar la reiterada falta de rectificación ante los errores del pasado y expresar la sensación de que la impunidad de las arbitrariedades urbanísticas se impuso a la par que crecíamos como destino turístico.

En estos días festivos de aprobación del tercer plan legal y general de ordenación urbana de la ciudad, que ha vuelto a legalizar miles de viviendas consideradas ajenas al planeamiento vigente, que se celebra con buenos augurios de un futuro mejor, que se ensalza como normativa que va a restituir la seguridad jurídica, no está de más recordar que a las ciudades se les reconoce y califica por su paisaje, a los políticos por sus hechos y a los planes de ordenación por los beneficios que reportan a la calidad de vida de sus ciudadanos.