Al servicio de los ciudadanos

La honradez es noticia en Marbella. Lo certifica el Tribunal de Cuentas, órgano constitucional del Estado español, el que fiscaliza la actividad económica y financiera del sector público, que ha concluido su trabajo sobre el gobierno municipal formado en abril de 2006 tras la disolución malaya, conocido como Comisión Gestora. Su mandato fue efímero, 14 meses, tiempo más que suficiente para ofrecer entrega y servicio, tanto que el equipo de gobierno que la sucedió, el actual, se arroga ahora, que no antes, continuidad en la labor iniciada y ufanos se quieren colgar dieciséis medallas, con lo que pesan para quienes carecen de sentido de la cortesía, porque fuimos ese número los que tuvimos responsabilidad de gobierno, de control del gasto, de aprobación de cuentas, de administración eficaz.

Pero la honestidad no debía de ser noticia, tendría que estar tan incrustada en el quehacer de gobierno que pasara desapercibida y todo se circunscribiera al convencimiento de que la ética personal puede trasladarse a lo público y convertirse en estandarte. José Luis Aranguren propugnaba la institucionalización de la moralidad en el aparato del Estado. Tarea difícil, ahora complicada porque desafortunadamente se ha seguido un camino opuesto, tortuoso. Defiende José María Izquierdo en su lúcido trabajo sobre la corrupción municipal que la política puede ser la más noble de todas las tareas, pero que es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios y que esa generalizada falta de ética pública es la razón principal del despilfarro en el gasto público en los ayuntamientos, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno.

No fuimos perfectos ni mejores pero lo teníamos claro con la que estaba cayendo, aún con riesgos evidentes de tropezar con la maraña delictiva enquistada en las paredes de la casa consistorial, expuestos a juicios públicos de una sociedad local comprensiva con la corrupción y acostumbrada a políticas groseras y desvergonzadas, sometidos al mezquino control de unos partidos habituados a compartir espacio en el filo de la navaja de la indecencia. Sobrevivimos, porque la ética personal no sólo es el mejor antídoto ante la corrupción es también un bálsamo contra la deslealtad, un ejercicio para la libertad de conciencia y una solución para muchas de las lacras que pervierten la política de partidos.

No fuimos unos virtuosos de la ética, ni nuestra moral era infalible. La ética personal es un músculo que hay que fortalecer todos los días que se gobierna. No basta con alardear de honrados en ruedas de prensa, la probidad hay que practicarla con devoción, convertirla en un vademécum cotidiano, una utopía en la que aún muchos creemos, una forma de regeneración que no precisa de rupturas sino de transformaciones desde dentro. Podemos y debemos repudiar a los miles de políticos corruptos que dibujan ese mapa de inmundicias, pero no podemos ni debemos hacer lo mismo con los miles de políticos honrados que se ven salpicados por esas inmundicias, ellos son los que tienen que poner en acción su voluntad de regeneración, no tapar vergüenzas propias y denunciar las ajenas, sino atacarlas todas, puesto que la ética es imposible de codificar y los reglamentos son declaraciones de intenciones para quienes no tienen intención alguna de rehabilitación.

Días pasados comentaba las conclusiones del tribunal con un antiguo compañero de gestora, lacónico, sentenció que aquello ya era historia y lo es, nadie puede discutir ese axioma, lo que podríamos dudar si es historia con la que dar lecciones o pasado para olvidar. Por lo pronto nos quedamos con la felicitación de un organismo curtido en todo lo contrario a celebraciones y la enseñanza de que los reconocimientos llegan por los caminos menos esperados.