Ha sido más difícil encontrar la fotografía que escribir este artículo. Estaba arrumbada en una de esas cajas sin fondo, donde se guardan objetos con la esperanza de que algún día sean útiles atributos de la memoria. El objetivo no es nada trascendental, ni siquiera bonito, muestra una horrenda estructura de hormigón, denota especulación y urbanismo salvaje, todo enmarcado en un marbellense horizonte de fondo marino, suaves lomas y virginales bellezas vegetales. Los colores delinean los volúmenes grises, el contraste acentúa el negro, las sombras dominan e inquietan.
Nos habíamos acostumbrado tanto a su presencia, que ya no parecía tan feo. Sucede cuando te cruzas reiteradamente por Ricardo Soriano con un condenado malayo que aparenta ser menos ladrón o cuando de tanto ver a un político en los medios puede parecer hasta bueno. Todo es ficción. Las imágenes condicionan nuestras vidas, marcan ritmos y crean opinión. Lo desagradable de tanto repetido acostumbra la vista, moldea el gusto y matiza la repulsión hasta dulcificarla.
Fueron años brutales los del inicio de la década de los setenta, la Costa del Sol había entrado en la fase de los operadores turísticos internacionales, multinacionales que no entendían más que de anónimas construcciones, rentables inversiones y millones de turistas charter. Marbella era campo de batalla de una guerra por la apropiación del espacio para la explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra barata. El ayuntamiento de Marbella comenzó a hacer aguas ante tamaña avalancha constructiva. Fueron años de expedientes, presiones, planes comarcales, generales, parciales, disquisiciones sobre el modelo, defensores y detractores pero ningún edificio se demolió, apenas hubo denegaciones o paralizaciones. En la contienda legal se utilizaron muchas armas cargadas con munición de voluntades poco incisivas y eficaces. Las órdenes judiciales de demolición se desatendían al llegar a las comisiones provinciales que aplicaban la existencia de interés público, que aconsejaba la conservación de los edificios, al amparo del artículo 228. 1 de la Ley del Suelo de 1956, lo que en la práctica suponía una carrera por habitar los inmuebles. Ayer como hoy.
El proyecto de la añeja estructura era tan legal como pudo ser el de la estratosférica Torre Real, muchísimo más lícito que la imponente clínica Incosol y menos dañino para el paisaje que los apartamentos Coronado, la torre Marbella del Este, el Don Pepe, Don Carlos, Don Miguel o el Skol, alguno, por cierto, reseñado ahora como ejemplo de buena arquitectura. El edificio, que proponía 500 habitaciones, recibió todos los parabienes municipales, provinciales y de los estatales organismos turísticos pues iba destinado a ser un hotel de cinco estrellas, pero ocurrió que llegó tarde, una traumática crisis internacional, llamada del petróleo, -como si la viviéramos ahora-, retrajo la inversión y quebró la confianza. La Costa del Sol tornaba en costa de los esqueletos, cadáveres que engrosaron la nómina del limbo de la especulación inacabada, un vacío a la espera de resurrección financiera, como esperaron los impactantes bloques de Sofico en la Haza del Mesón o el edificio Marina de la entrada al Puerto Pesquero.
El esqueleto, paralizado desde mayo de 1975, pese a varios intentos de recuperación en el 78, en el 80 y en el 90, había caducado en sus pretensiones hoteleras y no se le permitió reconversión en apartamentos. No encajaba en el modelo actual, del que solo falta saber cual es. Igual hubiera quedado bien como museo, poco se han rentabilizado los 175 millones de pesetas invertidos, porque todas las grandes ciudades y mayores países dedican espacios museográficos a sus rasgos más significativos y en Marbella el turismo y por ende su urbanismo es el que más nos identifica en este medio siglo inmediato. De las diez plantas dedicaríamos alguna a los pioneros, a quienes creían en el discreto encanto de las vacaciones, a las humildes y andaluzas casitas de veraneo. Otra sección mostraría la internacionalización, los “typical Spanish”. Una más oscura por escabrosa sería un monográfico sobre las diversas formas de corrupción, con sus maletines amontonados, billetes esparcidos de 500 euros y colchones rasgados. En toda la sala atronaría un estremecedor "papel que muevo, papel que cobro". Otra sección estaría dedicada a la “Buena fe” y la malagueña virgen de la Buena Fe sirve, a ella se deben encomendar promotores y compradores, mientras un audiovisual demostraría que las leyes están para cumplirlas, pero que las compensaciones son norma superior a la sentencia de un juez.
En la última planta, una salita que solo se abriría bajo cita previa, pues no precisa más, incluiría el tema de las demoliciones, tres fotografías y un poco de polvo. Finalmente, ya en la puerta de servicio, colgaría un cartel con la imagen de un político que se erige en adalid de la restitución de la legalidad con el derribo de un inmueble que fue legal a la vez que se erige en adalid de la legalidad con la negativa a demoler nada que huela a ilegalidad manifiesta de los noventa, esté o no habitado. La buena fe, ya saben, y esas ganas irrefrenables de contentar a todos. Un galimatías tan incomprensible como la trayectoria de este urbanismo tan consumado en los hechos.
Pedro Sánchez Bandera.
ResponderEliminarMagnífico artículo, ácido como él solo. Buen revulsivo para conciencias dormidas y banderillas de fuego para malas conciencias.
Un abrazo.
Hola Fco. Javier. Vuelvo después con el comentario (problemas de tiempo). Ahora solo decirte que es un estupendo artículo.
ResponderEliminarUn abrazo, ciudadano.
Por cierto, curioso, hoy compartimos páginas en Marbella Express (6 y 7). Un honor.
ResponderEliminarEl honor es mio. El periódico mejora mucho con tus artículos.
ResponderEliminarHola Fco. Javier. Dije que volvía (soy persona de palabra) y vuelvo.
ResponderEliminarHas sido, además de riguroso como siempre, muy suave y elegante con tus palabras. Yo no puedo serlo tanto.
La co-responsabilidad de tantos desmanes está repartida entre Administración Local, Autonómica, Estatal y aquí también se incluye a la de Justicia. Los ejecutores ilícitos e intermediarios acomodados a esa ilegalidad así como algunos abogados, no son responsables sino simplemente presuntos delincuentes y, cuando así ha sido dictaminado, delincuentes.
Amparados en distintos planes de PGOU, el delincuente Sr. Gil (así fue condenado) interpretó y manipuló la legalidad con la pasividad del resto de administraciones, repito Justicia entre ellas.
Los abogados han hecho (y lo siguen haciendo) "su agosto"; La Junta de Andalucía, su caja; La Administración del Estado y los partidos políticos, el mayor de los ridículos. Pero ahora, a salvo de lo que un día de estos (a saber cuándo) dictamine por fin los Tribunales Superiores -porque muchos todavía son los procedimientos en marcha- ahora, repito, llegó el momento de la componenda, del acuerdo por el interés general, de la salida a la normalización. ¡Qué bonito! Pero ¿a costa de qué? A costa de mentir, de manipular al electorado, de desdecirse de todo aquello que antes decías que era ilegal, de reclamar el cumplimiento de la justicia, del derribo de lo ilegalmente edificado, de, de, de..... Todo eso que antes decían públicamente (fariseos hipócritas) ahora dicen que no: que hay que dar una salida a los "compradores de buena fe". Ahora, si me compensas (y de que forma tan barata) yo te admito que lo que decía que era ilegal ya no lo es. Te regularizo (como a los inmigrantes). Hacemos un pacto, y ya está, porque tenemos que darle una salida. ¿Y vosotros que pactáis, quiénes sois para decidir que lo que antes era ilegal, ahora ya no lo es?.
Y ustedes (justicia) que han dicho en muchas y repetidas instancias que había que derribar ¿qué grado de autoridad tienen? que no se derriba.
Jardines del Príncipe (otra de las aberraciones ilegales, cerca de mi domicilio) se encuentra precintada desde hace cuatro años gracias al esfuerzo de la Asociación de Vecinos. Tenemos sentencias condenatorias de derribo (incumplidas). Seguimos en frentes jurídicos abiertos (con el evidente desgaste y agravante económico)para que aquello que se ha declarado ilegal se ejecute según la sentencia. Es decir, reclamamos algo muy simple: No que se haga justicia sino que se ejecute. Porque si no ¿para qué me sirve esa justicia?.
Existen corruptos por cuestiones económicas. A mí me preocupan más los corruptos de conciencia.
Excelente artículo, ciudadano. Como siempre, un abrazo y salud para, algún día, poder ver que la Justicia y la buena fe (la de verdad) ha triunfado.
....Perdón por el rollo.
Hola Fco. Javier,
ResponderEliminarAcababa de escribir una larga respuesta y el sistema me lo ha rechazado, por "too much large". Me siento incapaz de repetirla así que un resumen:
Me preocupan los corruptos por cuestión económica pero aún más los corruptos de conciencia. El ridículo realizado por todas las Administraciones (local, autonómica y estatal, en la que se incluye la Justicia) es asombroso. Ahora, amparados en un nuevo PGOU, muchos de los que antes criticaban por ilegal lo realizado, se ponen de acuerdo para que se lleve a efecto. Pasan de reconocer la ilegalidad a reconocer que lo mismo ya es legal. Miserables hipócritas vendidos por mor de unas banales compensaciones.
Algunas Asociaciones, como en el tema de Jardines del Príncipe, seguimos en la lucha judicial a pesar de muchas zancadillas. Queremos que la Justicia sea aplicada, porque en este caso ya se dictaminó sentencia para demoler el edificio. Ahora pedimos ¡ejécutese!.
Estupendo artículo ciudadano aunque los que que ahora ocupan sillones de gobierno y oposición sigan diciendo que no llevamos razón (mejor dicho, dicen con la boca pequeña que sí la llevamos, pero que en aras al "interés general" tienen que dar esta salida.
Un abrazo.
Persona de palabra, con buenas palabras, crudas y sanas. Lo de los Jardines del Príncipe es buen ejemplo, como lo es el Senator y otros atropellos sin habitar, donde la hipocresía aflora por sus sumideros.
ResponderEliminarEnhorabuena, Paco por tu singladura. Un año es poco, mirando hacia adelante. Pero !Cuanto trabajo¡¡. Que los lectores sigamos dandote energía para seguir¡.
ResponderEliminarGran articulo y critico como él solo. Deberia de despestar ciertas conciencias que siempre han estado y siguen dormitando, cuando no, mirando hacia otro lado.
ResponderEliminarSon muchos los responsables y los que se han beneficiado economicamente desde la Corporación local, la cual concede el permiso de obra hasta la autonomica, la cual, cada vez que hay una transmisión patrimonial, se lleva su 7 % de impuesto y mira para otro sitio.
Ante tanto desmanes, sigo pensando que la Justicia tambien tiene su parte de culpa, a veces por omisión o dejación, otras por la legislación vigente que se ha aplicado y muchas por su más que posible lentitud.
Sin otro particular, te mando un afectuoso saludo